
El objetivo es la reducción de emisiones y la mejora de la eficiencia energética
La semana pasada el Congreso de los Diputados dio luz verde a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, entre otros objetivos, persigue la reducción de emisiones y la mejora de la eficiencia energética.
La nueva ley establece varios objetivos mínimos nacionales para el año 2030, como son:
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 23% respecto a 1990
- Alcanzar una presencia de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42%
- Conseguir un sistema eléctrico con un 74% de generación a partir de energías de origen renovable
- Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5% con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria
Siguiendo esta misma línea, España deberá alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico deberá estar basado exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable antes de 2050.
No obstante, los objetivos establecidos podrán ser revisados al alza, con el fin de adaptarlos a la evolución de los avances tecnológicos y del conocimiento científico y cumplir con el Acuerdo de París y la normativa de la Unión Europea.
Transición energética, movilidad y rehabilitación de edificios
Dicha norma establece varias vías encaminadas a la transición energética y la movilidad sostenible, eliminando nuevos permisos de investigación de materiales con propiedades radiactivas y de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos, la adopción de medidas para que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 g CO2/km establecidas conforme la normativa comunitaria o la adopción antes de 2023 de planes de movilidad urbana sostenible para los municipios de 50.000 habitantes y los territorios insulares.
Asimismo, la ley contempla que el Gobierno fomentará la renovación y rehabilitación de los edificios existentes, tanto públicos como privados, para alcanzar la alta eficiencia energética y descarbonización a 2050. En este sentido, en menos de 6 meses desde la entrada en vigor del texto, el Ejecutivo deberá elaborar un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana.
En lo que respecta al desarrollo rural, el despliegue de las energías renovables deberá desarrollarse de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial.
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